Paraguay debatirá una ley de drones con foco en las pulverizaciones agrícolas: qué puede cambiar para el sector
La iniciativa contempla nuevas exigencias de registro, capacitación, seguros y autorizaciones para aplicaciones con agroquímicos, en una discusión que pondrá bajo la lupa las condiciones para operar y el futuro de esta tecnología en el campo.
El avance de los drones en la agricultura paraguaya suma un nuevo capítulo regulatorio. El próximo miércoles 28 de octubre, la Cámara de Diputados de Paraguay realizará una audiencia pública para debatir un proyecto de ley que establece un marco integral para la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). Aunque la propuesta abarca actividades comerciales, recreativas, logísticas y de seguridad, uno de los puntos de mayor interés para el sector agropecuario está vinculado con las aplicaciones agrícolas que involucran la pulverización y el uso de productos agroquímicos. La iniciativa contempla condiciones específicas para estas operaciones, que deberán contar con autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
La audiencia fue convocada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, presidida por el diputado Juan Maciel. Entre los participantes invitados figuran representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), el MADES y empresas dedicadas a la fumigación con drones. La convocatoria abre una instancia para discutir cómo compatibilizar el crecimiento de esta tecnología con las exigencias de seguridad aérea, protección ambiental y responsabilidad operativa. Para las empresas que utilizan drones en tareas agrícolas, el alcance concreto de las nuevas obligaciones será uno de los principales temas a seguir.
Pulverización con drones: el eje que mira el sector agrícola
El proyecto reconoce la expansión de los drones en distintas actividades productivas e incorpora disposiciones específicas para las operaciones agrícolas que implican la aplicación de agroquímicos. En ese punto, la propuesta prevé la intervención del MADES mediante un esquema de autorización. Sin embargo, el alcance de esa exigencia y su articulación con las competencias de los organismos aeronáuticos y fitosanitarios serán cuestiones centrales para analizar durante el debate. Para los operadores, será importante conocer cómo se integrarán las exigencias ambientales con las condiciones de operación de los equipos y las reglas aplicables a los productos utilizados. También será relevante determinar si la reglamentación contempla las particularidades de los drones pulverizadores, cuya función y riesgos operativos difieren de los de los equipos destinados a fotografía, relevamiento o recreación. La participación de empresas de pulverización con drones en la audiencia adquiere especial importancia en este contexto: permitirá que las necesidades de la actividad productiva formen parte de la discusión sobre el marco regulatorio.
Registro, capacitación y seguros: las obligaciones previstas
Entre las principales disposiciones del proyecto figuran el registro e identificación obligatoria de los drones, la capacitación y certificación de sus operadores y la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a terceros. La propuesta también contempla restricciones para vuelos en zonas pobladas, aglomeraciones de personas, áreas próximas a aeródromos, espacios aéreos controlados y zonas prohibidas o restringidas, salvo que se cuente con las autorizaciones correspondientes.
Para las aplicaciones agrícolas, el desafío será determinar cómo se aplicarán estas reglas a las operaciones realizadas en establecimientos rurales y qué condiciones deberán cumplir los prestadores de servicios. Los requisitos de capacitación, las responsabilidades de los operadores y los costos asociados al seguro podrían incidir en la organización de las empresas, aunque su impacto dependerá de las disposiciones finales y de la reglamentación que se establezca.
El proyecto asigna a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la responsabilidad de aplicar, fiscalizar y reglamentar la futura normativa, en coordinación con las demás instituciones competentes. Además, prevé sanciones ante incumplimientos, que pueden incluir multas, suspensión o inhabilitación de operadores y, cuando corresponda, la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
Un proyecto que todavía está en trámite legislativo
La iniciativa fue presentada en julio de 2026 y continúa en su primer trámite constitucional, según el Sistema de Información Legislativa de Paraguay. La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno emitió un dictamen favorable, mientras que la convocatoria del 28 de octubre busca analizar el texto desde la perspectiva agrícola. La audiencia constituye una instancia de debate y no equivale a la aprobación definitiva de la norma. La discusión también deberá considerar la coordinación entre las distintas autoridades para evitar superposiciones entre las exigencias aeronáuticas, ambientales y fitosanitarias. En una actividad que combina tecnología, seguridad operacional y aplicación de insumos agrícolas, la claridad de las competencias y de los procedimientos será determinante para que los operadores conozcan qué requisitos deben cumplir.
La audiencia del 28 de octubre, una instancia clave para los drones agrícolas
La convocatoria de la Cámara de Diputados coloca a los drones pulverizadores en el centro de una discusión que excede el uso recreativo de estas aeronaves. El debate abordará las condiciones bajo las cuales podrán operar los equipos, las responsabilidades de sus propietarios y pilotos, y las autorizaciones necesarias para determinados usos productivos. Para el sector aeroagrícola paraguayo, el encuentro será una oportunidad para plantear inquietudes sobre la capacitación, la seguridad de las operaciones, la aplicación de productos fitosanitarios y la viabilidad de los requisitos propuestos. El resultado del proceso legislativo permitirá conocer si Paraguay avanza hacia un esquema con condiciones diferenciadas para los drones aplicadores o si las particularidades de la pulverización agrícola quedarán sujetas a disposiciones generales y a la reglamentación posterior.
