Costa Rica avanza con un proyecto que restringe las aplicaciones aéreas y regula los drones
La iniciativa establece nuevas condiciones para las aplicaciones de agroquímicos y contempla específicamente el uso de aeronaves no tripuladas. Ahora deberá ser debatida en el Plenario.
Costa Rica dio un nuevo paso en la discusión sobre el uso de agroquímicos. La Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen afirmativo para el expediente 25.391, un proyecto que busca modificar las condiciones bajo las cuales se realizan aplicaciones fitosanitarias por vía aérea y terrestre e incorpora disposiciones específicas para los drones agrícolas.
La iniciativa, denominada “Ley para la Protección de las Comunidades contra las Intoxicaciones por Actividad Agrícola”, fue aprobada después de que la comisión votara un texto sustitutivo por cinco votos contra tres. Luego, el dictamen de fondo recibió cinco votos a favor y cuatro en contra. El expediente continuará ahora su recorrido legislativo y deberá ser tratado por el Plenario. Uno de los aspectos que más atención genera en el sector agroaéreo es que el proyecto incorpora expresamente a las aeronaves no tripuladas y los drones de precisión dentro del régimen para las aplicaciones agrícolas.
Del límite de metros a un esquema basado en zonas de protección
El proyecto original había planteado distancias mínimas concretas para las aplicaciones. Entre ellas, establecía una prohibición para realizar aplicaciones aéreas a menos de 800 metros de centros poblados, escuelas, centros de salud, iglesias, espacios deportivos, cuerpos de agua y fuentes de abastecimiento de agua potable. Para las aplicaciones terrestres se proponían 500 metros, mientras que para los drones se contemplaba inicialmente un radio de 100 metros y una altura máxima de cinco metros. Sin embargo, el texto sustitutivo aprobado por la comisión modificó ese enfoque. La nueva versión plantea prohibir las aplicaciones aéreas cuando puedan producir afectaciones directas o indirectas sobre una serie de sitios y actividades considerados sensibles. Entre ellos figuran viviendas, centros poblados, escuelas, centros de salud, guarderías, lugares de trabajo, instalaciones vinculadas con alimentos, fuentes de agua, cuerpos de agua, áreas de conservación, cultivos vecinos, apiarios y ganado. La determinación concreta de las áreas de amortiguamiento quedaría posteriormente en manos de un protocolo técnico.
Los drones quedan incluidos
La iniciativa no establece una prohibición general de los drones agrícolas. Por el contrario, reconoce expresamente la posibilidad de utilizar aeronaves no tripuladas y drones de precisión para fumigación agrícola, siempre que las operaciones se ajusten a las condiciones de protección previstas en la legislación y su reglamentación. El punto es relevante porque Costa Rica ya cuenta con un marco aeronáutico para las operaciones comerciales con drones y con procedimientos específicos para su registro y autorización. En 2026, además, las autoridades aeronáuticas costarricenses autorizaron operaciones de aviación agrícola mediante RPAS, incluyendo equipos destinados a tareas de aplicación en el sector agropecuario. Por lo tanto, el proyecto que ahora avanza en la Asamblea Legislativa no supone la creación de un marco para habilitar por primera vez los drones pulverizadores. El cambio que se discute está relacionado principalmente con dónde, bajo qué condiciones y con qué medidas de protección podrán realizarse las aplicaciones.
Un protocolo definirá las distancias y zonas de amortiguamiento
Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un protocolo técnico que deberá determinar las áreas de amortiguamiento y las zonas en las que estarán prohibidas las aplicaciones. El encargado de aprobarlo sería el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Fitosanitario del Estado. El protocolo deberá considerar fenómenos como la deriva y la escorrentía, además de establecer medidas destinadas a evitar que los productos utilizados en las aplicaciones alcancen zonas protegidas. El texto establece también que las nuevas áreas de protección no podrán ser inferiores a las que ya contempla la normativa vigente y que deberán contar con respaldo científico y técnico.
Responsabilidad por daños y nuevas sanciones
El proyecto también avanza sobre la responsabilidad de quienes realizan aplicaciones agrícolas. La propuesta establece sanciones de entre tres y 30 días multa para quienes incumplan las prohibiciones. Además, contempla la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas que utilicen aeronaves agrícolas por eventuales daños ocasionados a personas o bienes de terceros. El texto incluso contempla mecanismos vinculados con la atención de personas afectadas y la reparación de sistemas de abastecimiento de agua que pudieran resultar dañados. Este componente introduce una dimensión adicional para las empresas y operadores aeroagrícolas: además de cumplir con los requisitos aeronáuticos y fitosanitarios, deberán considerar un esquema de responsabilidad frente a posibles afectaciones derivadas de las aplicaciones.
La discusión continúa en el Plenario
El proyecto fue presentado en febrero de 2026 y recoge parte de una discusión que ya se había planteado anteriormente en el Parlamento costarricense. Sus impulsores sostienen que es necesario reforzar la protección de las comunidades y de las fuentes de agua frente a posibles efectos de las aplicaciones de agroquímicos. Durante el debate legislativo también aparecieron cuestionamientos al texto. El oficialismo presentó un informe negativo en el que planteó objeciones sobre aspectos técnicos de la iniciativa, entre ellos las distancias previstas en la versión original. Con el dictamen aprobado, el expediente deja la comisión y pasa a una nueva etapa: su discusión en el Plenario Legislativo.
Para la aviación agrícola y el mercado de drones de aplicación, el punto central será observar cómo evoluciona el texto durante el debate parlamentario y, especialmente, cuáles serán finalmente los criterios técnicos utilizados para definir las zonas de amortiguamiento. La discusión costarricense vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que atraviesa a buena parte de la agricultura latinoamericana: cómo integrar las nuevas tecnologías de aplicación, desde los aviones agrícolas hasta los drones, dentro de regulaciones que contemplen simultáneamente productividad, seguridad operacional, deriva y protección ambiental.
