Nuevos controles fitosanitarios: SENASA simplificó los trámites para exportar productos vegetales

La Resolución establece nuevas modalidades de inspección y certificación para los embarques de productos y subproductos de origen vegetal. Los controles serán obligatorios cuando los exija el país de destino y podrán solicitarse de manera optativa en otros casos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció un nuevo marco normativo para los controles fitosanitarios de productos y subproductos de origen vegetal destinados a la exportación y reexportación. La medida, formalizada mediante la Resolución 952/2026, busca unificar los procedimientos de inspección y certificación, simplificar los trámites y adecuar los controles a las exigencias de los mercados internacionales.
La resolución, publicada este 16 de noviembre en el Boletín Oficial, alcanza a todos los artículos reglamentados, una categoría que comprende plantas, productos vegetales, lugares de almacenamiento y empaque, medios de transporte, contenedores, suelo y cualquier otro organismo u objeto capaz de albergar o dispersar plagas.
Uno de los principales cambios es la diferenciación entre controles obligatorios y optativos. Según establece la norma, todos los embarques deberán someterse a la fiscalización fitosanitaria del SENASA cuando así lo requiera la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de destino.
En tanto, los exportadores y demás usuarios intervinientes podrán solicitar voluntariamente la inspección y certificación del organismo sanitario, incluso cuando el mercado comprador no establezca esa exigencia.

Dos tipos de certificados y un nuevo sistema digital
La normativa también establece dos modalidades de certificación, de acuerdo con el carácter de la intervención del SENASA. Cuando el control sea obligatorio, el organismo emitirá un Certificado Fitosanitario (CF). En cambio, cuando la intervención sea optativa, corresponderá la emisión de un Certificado de Exportación de Productos Vegetales Procesados (CEPVP).
Ambos documentos serán gestionados a través del Sistema de Gestión de Certificados para Exportación de Productos de Origen Vegetal (Cert-POV), una plataforma que constituye uno de los ejes de la modernización administrativa prevista por el organismo.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el desarrollo de este sistema permitirá superar las metodologías contempladas en los marcos normativos anteriores y avanzar hacia una gestión más eficiente de los trámites de exportación.
Derogación de tres resoluciones anteriores
Otro aspecto central de la medida es la unificación de la normativa vigente. Para ello, el SENASA derogó las Resoluciones 141/2014, 260/2014 y 37/2017, que hasta ahora establecían diferentes procedimientos, pautas y requisitos para la fiscalización y certificación fitosanitaria de exportaciones y reexportaciones de productos vegetales.
La Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA quedó facultada para establecer los procedimientos complementarios, elaborar instructivos y emitir los dictámenes técnicos necesarios para implementar el nuevo esquema.
La resolución mantiene vigentes los aranceles establecidos en la normativa correspondiente y dispone que los trámites administrativos y procedimientos sancionatorios iniciados antes de su entrada en vigencia continúen bajo las disposiciones aplicables al momento de los hechos investigados.
Respaldo sanitario para sostener y ampliar mercados
Entre los fundamentos de la medida, el SENASA destacó que la evolución de las exigencias fitosanitarias internacionales obliga a fortalecer los mecanismos de fiscalización y certificación de los productos argentinos.
El organismo considera que extender los controles al conjunto de la producción nacional permite respaldar las certificaciones internacionales, reducir el riesgo de dispersión de plagas y responder ante eventuales reclamos de los servicios sanitarios de los países compradores.
En ese sentido, la nueva regulación apunta a consolidar los mercados de exportación existentes y facilitar el acceso a nuevos destinos, mediante procedimientos unificados y una mayor trazabilidad de las intervenciones oficiales.


